LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONTINÚA SU POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA CON LA SUPRESIÓN DE GRUPOS EN CENTROS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO EN CENTROS PRIVADOS.
Desde hace varios cursos, la Consejería de Educación ha utilizado medidas diferentes en el tratamiento a los centros públicos o privados, en relación con la Formación Profesional.
Según la legislación vigente, y las propias instrucciones de la Consejería, aquellos grupos de 1º curso de ciclos formativos que no consigan 15 alumnos de matrícula podrían ser suprimidos y escolarizados en otros centros.
Estas normas se hacen efectivas en los centros públicos y no en los privados, a los que se permite mantener los grupos con 11 alumnos incluso menos.El curso anterior, se pudo detectar un caso aún más grave: El Instituto de FormaciónEmpresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid pudo mantener abierto dos grupos de Grado Superior, de la Familia de Turismo, con 5 y 6 alumnos, respectivamente.
Permitiéndoseles una matriculación extraordinaria, en el mes de diciembre/enero para conseguir llegar a la cifra record de 10 alumnos por grupo.
Téngase en cuenta que este tipo de enseñanzas esta cofinanciada por la Unión Europea y,en su modalidad presencial, exige el cumplimiento rígido de las horas lectivas, establecidas para cada ciclo y módulo; tanto es así, que el incumplimiento de las mismas significa la anulación de matrícula.
El presente curso se ha iniciado en la misma línea. Se han detectado supresiones de, al menos, 14 ciclos formativos en centros públicos, alguno de ellos con más de 20 alumnos matriculados: el caso del IES Palomeras Vallecas, en el ciclo de Laboratorio o el del IES Francisco de Goya-La Elipa, en el de Estética, mientras, con menor número de alumnos (11)se mantienen abiertos en el mencionado Instituto de Formación Empresarial (dependientede la Cámara de Comercio e Industria) o en el Centro BESANA ( perteneciente al Opus Dei).
La FAPA Giner de los Ríos considera que se debe vigilar el aprovechamiento de los recursos públicos, especialmente cuando éstos proceden de un organismo como es la Unión Europea, que podría optar por su supresión, de demostrarse que no se utiliza adecuadamente, y, por supuesto, creemos que la normativa debe ser igual para todos y que debe defender, muy especialmente, los recursos públicos, es decir, aquellos destinados a los centros públicos. La supresión de un ciclo, en este tipo de centro, es especialmente gravosa por cuanto significa desmontar las infraestructuras, desplazar profesores y reubicar alumnos en otros centros.
Todo ello significa una continuidad en la política de privatización de la enseñanza madrileña.
