La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) denuncia públicamente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere expulsar de su sede a la Federación de APAS "Francisco Giner de los Ríos", perteneciente a esta confederación, incumpliendo así un contrato de cesión firmado en 1995 entre la Dirección Provincial de Educación del entonces Ministerio de Educación y Cultura y esta Federación.
CEAPA recuerda que mediante aquel convenio, la Dirección Provincial cedía el local "con el objetivo de favorecer y desarrollar la participación en la escuela de los padres y madres del alumnado y de promover el sector asociativo de los mismos". Ese organismo facilitaba el local, a fin de que esta federación "fije en el mismo su sede social y desarrolle las actividades propias de sus fines".
El contrato firmado en 1995 cedía el local "provisionalmente", hasta que "la Dirección Provincial del MEC facilite un local de carácter definitivo para que la FAPA fije su sede". La culminación de las transferencias educativas a las comunidades autónomas supone la subrogación de las obligaciones a la Comunidad de Madrid, que debe cumplir aquel convenio.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha rescindido distintos convenios para el desarrollo de programas con esta federación y, posteriormente, ha aludido a que, por tanto, la utilización de este local "carece de justificación". Incumple así, como hemos explicado, aquel convenio de 1995.
CEAPA recuerda que la Federación de APAS "Francisco Giner de los Ríos" de Madrid agrupa a casi 800 asociaciones de padres y madres del alumnado de la Comunidad de Madrid, que esta federación fue fundada en 1975 mediante la unión entonces de decenas de APAS, que se ha ido consolidando con el tiempo y que ahora sufre el mayor ataque desde su creación, un ataque en realidad a la sociedad civil. También es una de las organizaciones fundadoras de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) en 1979.
Esta Federación, por la población a la que representa, y por el trabajo que los padres y madres que a ella pertenecen realizan desinteresadamente, debería ser respetada y tenida en cuenta. Sin embargo, la consejera de Educación, Lucía Figar, todavía no se ha reunido con ella desde que fuera nombrada hace ya más de 15 meses.
Se olvida esta consejera de que ella se debe a los ciudadanos y no al revés y de que la soberbia no es una aptitud a la hora de desempeñar un cargo público ¿Cómo es posible que la consejera de Educación de una comunidad autónoma no se reúna con una de las principales organizaciones educativas de su territorio? ¿Se olvida esta consejera de que las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a existir, a realizar su trabajo, a ser independientes, y que es obligación de la Administración facilitar el ejercicio de este derecho? ¿Cómo es posible que la consejera de Educación decida unilateralmente el desalojo de una sede, incumpliendo la ley?
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión puramente política: silenciar a una organización crítica con su gestión, que denuncia el desmantelamiento del sistema educativo público en esta comunidad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión puramente política: silenciar a una organización crítica con su gestión, que denuncia el desmantelamiento del sistema educativo público en esta comunidad.
CEAPA califica al gobierno de la Comunidad de Madrid de muy irresponsable, por beligerante y autoritario, algo no propio de una Administración pública, que debe gobernar para todos los ciudadanos, con prudencia y buscando el bien común. Esta confederación denuncia que la FAPA "Giner de los Ríos" está siendo víctima de una forma de gobernar que busca la confrontación con todos, con las organizaciones sociales, con la Administración central, y con las administraciones locales (Ayuntamiento de Madrid, etc.). Ahora bien, los límites que traspasa el Gobierno de la Comunidad de Madrid no habían sido superados antes en otros territorios del Estado, por lo que CEAPA respaldará a esta federación en todo lo que sea necesario y se dirigirá al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en busca de amparo.
