El proyecto de reforma
educativa que prepara el Gobierno supone volver
a las aulas de los años 60. Es lo que opinan sindicatos, asociaciones de
padres y expertos sobre la ley orgánica de mejora de la calidad educativa,
(LOCME) que previsiblemente hoy debatirá el Consejo de Ministros.
Si una palabra define la
reforma de Wert ésta es segregación. La LOCME contempla separar a los alumnos a
los 15 años en función de lo que quieran estudiar, instaura tres reválidas que
pueden dejar en el camino a alumnos con dificultades y, por último, prorroga los
conciertos a los centros que segreguen por sexo, desoyendo las sentencias del
Supremo en sentido contrario. Los expertos advierten de que están en
juego los avances logrados en los últimos años en el ámbito
escolar.
Con la nueva reforma, los
estudiantes comenzarán a escoger ya en 3º de ESO, es decir, a los 15 años, las
asignaturas optativas dirigidas a cursar Formación Profesional (FP) o
Bachillerato, cuando antes lo hacían un año después. Para ello, se creará un
nuevo ciclo de formación profesional dentro de la educación obligatoria. Estos
cursos tempranos o de iniciación, como los llaman el ministerio, sustituirán a
los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero no ofrecerán la
posibilidad a los estudiantes de obtener el título de Graduado en ESO. "La
segregación temprana acaba con la igualdad de oportunidades que garantizaba la
Ley Orgánica de Educación (LOE)", sentencia Carlos López, secretario general
de FETE-UGT. "Es un error recolocar a los
alumnos en función de sus conocimientos, además, no es lo mismo elegir con 18
años que con 15", remarca.
CCOO: "El modelo que plantea Wert
está trasnochado"
Lo mismo piensa el
catedrático de Sociología en la Universidad Complutense Mariano Fernando Enguita: "El mundo acomodado y
avanzado postergó la segregación a esas edades porque era injusta, ya que dejaba
fuera a los alumnos de origen más humilde, que habían tenido menos tiempo de
adaptarse a las exigencias de la escuela y menos recursos para hacerlo; porque
era ineficaz, ya que, al seleccionar antes de tiempo, seleccionaba mal, cuando
todavía no pueden saberse las capacidades que podrá desarrollar un niño; y
porque era ineficiente, porque suponía el desperdicio de una gran reserva de
talento del que un país no puede prescindir en una economía global del
conocimiento. Había amplia evidencia de esto cuando se abandonaron los sistemas
segregados (desde los 60 y antes) y hay mucha más ahora".
Otra de las
características de la futura ley es la incorporación de tres evaluciones externas al final de cada etapa
educativa: después de primaria, de la ESO (el examen será distinto si se
quiere hacer Bachillerato o FP y sólo podrán presentarse los alumnos que hayan
suspendido hasta dos asignaturas de 4º) y, por último, de Bachillerato. La
primera prueba no condicionará si los alumnos repiten o no, pero las dos
siguientes sí serán reválidas. Desaparecerá la selectividad y cada universidad
podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en Estados
Unidos.
Aun así, el examen que
haga la facultad sólo podrá contar el 40% de la nota final de admisión. Estas
tres evaluaciones externas convierten el sistema educativo en "una carrera de
obstáculos constante", según la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Su
presidente, Jesús Sanchez, opina además que "la eliminación de la evaluación
contínua demuestra que el ministerio no valora al profesorado".
Fernández Enguita tacha
de "anomalía" que a lo largo de toda primaria y secundaria los alumnos sean
evaluados sólo por sus profesores, sin participación ni controles externos. "De
hecho, creo que eso está en la raíz del alto nivel de fracaso: el profesor
tiende espontáneamente a dividir, más o menos simétricamente, la clase tres: los
buenos, los malos y los de en medio. Pero intervenir en la evaluación es una
cosa, y añadir pruebas adicionales es otra. Además, creo que el gobierno no
piensa que deban fracasar menos alumnos, sino más, siempre que vayan luego a la
FP, porque en el fondo piensan que la enseñanza
común es un coladero". Según el ministerio, la intención del Gobierno con
esta reforma es "dignificar" la Formación Profesional de grado medio y aumentar
el número de alumnos que optan por esta vía, explicó el pasado martes la
secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.
Carlos López recuerda
además que en el año 1969 se eliminó la reválida "porque carecía de sentido y
aumentaba el abandono escolar". "Los alumnos pueden tener un mal año y con estas
reválidas pueden salir del sistema y no tener forma humana de volver",
remarca. Por eso, CCOO afirma que el modelo que plantea el minsitro de
Educación, José Ignacio Wert, está "trasnochado
y es más propio de los últimos años del franquismo que del siglo XXI".
"No es una reforma propiamente educativa sino ideológica, que pretende cambiar
el actual paradigma pedagógico derivado del desarrollo normativo de la
Constitución", señala el sindicato. "Wert debería haber sido ministro hace 50
años", añade Jesús Sánchez.
El modelo educativo que
prepara el Ministerio de Educación se inspira en el sistema alemán, que funciona
al revés que el resto de modelos avanzados, como el escandinavo, el anglosajón u
otros meditarráneos, explica Fernández Enguita. "Es claramente un paso atrás en
términos de ordenación del sistema. Nos quieren devolver a un sistema segregado,
es casi una vuelta al antiguo examen de ingreso
al bachillerato", añade.
La parte más polémica de
la reforma es, sin duda, la segregación de los alumnos por sexo. Esgrimiendo el
artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960, Wert anunció que se prorrogarán los conciertos a los centros que segregan al
alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Supremo en sentido contrario. "El
modelo que separa a los niños de las niñas no supone siempre, necesariamente,
una discriminación", afirmó el pasado agosto.
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