Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”
LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” lleva la razón cuando dice que el CEIP Miguel Ángel Blanco nunca debió de privatizarse y así lo confirma la nueva sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el recurso que presentó la FAPA.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la nueva sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el recurso que presentó la FAPA en su día demuestra, una vez más, que las cosas no se están haciendo bien en el Gobierno regional y su Consejería de Educación y que privatizar la enseñanza no es el camino, además de que, aunque los responsables políticos de ambas instancias se empeñen en ello, no todo vale para darle negocio a la empresa privada.
La FAPA ha ganado un recurso que presentó contra la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco, de la localidad de El Álamo, en cuya sentencia, que da la razón a la FAPA en todos sus extremos, se recuerdan los argumentos que hace unos días dieron la razón por el mismo asunto a CCOO y además, en este caso, se declara nulo de pleno derecho el Decreto en su totalidad por no tener el informe preceptivo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que la FAPA siempre dijo que era necesario, pues la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco entra de lleno en la programación general de la enseñanza y, sobre ello, el informe mencionado es obligado.
Muchas son ya las sentencias que le quitan la razón al Gobierno regional y a su Consejería de Educación por múltiples cuestiones.
Sin ir más lejos, la FAPA también tuvo conocimiento ayer de una sentencia ganada por CCOO en el Tribunal Supremo que anula una Orden del año 2004 sobre los Centros Bilingües, por lo que se impone que los responsables de la Consejería de Educación den amplias explicaciones al respecto de todo ello y cambien su actitud, volviendo a la senda de respetar la legislación vigente y el marco procedimental al que están sujetos legalmente.
En esas explicaciones esperamos encontrar, entre otras cosas, respuestas a las siguientes preguntas: ¿se hace caso de los informes de los servicios jurídicos de la propia Consejería de Educación? ¿se hacen las normas en clave de objetivos políticos sin hacer caso de los informes jurídicos cuando estos no apoyan dichos objetivos?
Cabe pensar que no se hace caso de los informes, salvo cuando estos dan la razón a los responsables del Gobierno regional y a su Consejería de Educación. Queremos recordar, por ejemplo, que con la Ley de Autoridad del Profesorado los representantes de la Administración se opusieron en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a la extensión de dicha autoridad a los docentes de la escuela privada no concertada bajo el argumento de que tenían unos informes jurídicos que lo desaconsejaban, ya que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello, pero sólo 72 horas después el Consejo de Gobierno aprobaba el texto incluyendo a dichos docentes, obviando entonces los informes jurídicos y su contenido. Claro, al final estas cuestiones llegan a los tribunales y éstos, como no puede ser de otra manera, ponen las cosas en su sitio.
Lástima que tengamos que estar en esta situación, cuando sería mejor hacer las cosas bien desde el principio, pero para ello hay que respetar la legislación vigente y el marco democrático del que nos hemos dotado.
Falta una cosa por descubrir ¿pasará factura tanta sentencia en contra a algún responsable político madrileño? Apostamos a que no, pero sería bueno que, al menos, cambiaran de actitud y tuvieran en cuenta las opiniones de quienes defendemos la educación pública madrileña y el marco democrático que debe regular el conjunto de nuestra participación y convivencia.
Una cosa si es segura, el CEIP Miguel Ángel Blanco debe volver a funcionar como centro público y la FAPA, junto a todo aquel que esté convencido de lo mismo, exige que ello sea así de forma inmediata y realizará las actuaciones necesarias para recuperar un patrimonio público que es de todos los madrileños.
El CEIP Miguel Ángel Blanco es público, es decir, es de todos. Devolución ya.
21 de enero de 2010
