Las federaciones regionales de Enseñanza de UGT y Comisiones Obreras y la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” consideran que siempre es positivo reforzar la autoridad del profesorado, a través del reconocimiento social de su prestigio profesional en el ejercicio de su labor, pero es muy diferente hablar del concepto de autoridad pública.
En la práctica, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales pues la Fiscalía General del Estado ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la Enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad por lo que actualmente el funcionario docente está protegido por la normativa vigente contra toda actuación que se pueda dar, dentro del ámbito penal, como consecuencia de su actividad profesional dentro de las funciones que tiene encomendadas.
Y en segundo lugar porque tenemos la certeza de que tal iniciativa, como cualquier otra que se adopte de las mismas características, resultará inútil si no va acompañada de medidas educativas, tanto preventivas como correctoras, que actúen para solucionar los conflictos que puedan dificultar la convivencia en los centros y, en los casos extremos, contra la violencia que, por diferentes causas, se llegue a producir en los mismos.
Ha quedado demostrado que las medidas que tienen solamente carácter corrector y punitivo no solucionan las dificultades que se producen en las aulas y lo demuestra el fracaso que ha tenido el Decreto de Convivencia en los centros que impuso hace dos años la Comunidad de Madrid de forma unilateral y sin tener en cuenta las aportaciones de la Comunidad Educativa. Este decreto no daba respuesta adecuada ni a las nuevas circunstancias sociales, ni a la realidad de la vida escolar, pues contiene simplemente un régimen disciplinario, que pretendía reforzar ya la autoridad del profesorado sin resultado alguno. Estamos convencidos de que este nuevo anuncio de la presidenta regional, en la misma línea carente de imaginación, no va a obtener mejores resultados; es decir, más de lo mismo: propaganda sin contenido real.
Actualmente, en nuestras escuelas estamos viviendo vertiginosos cambios sociales: en los valores tradicionales, en el concepto de disciplina y autoridad, un aumento significativo de estudiantes sobreprotegidos con escasa resistencia a la frustración, transvase de responsabilidades educativas de una parte importante de las familias a la escuela, y multiculturalidad.
Estos cambios han contribuido al incremento de los problemas de convivencia, que, por otra parte, siempre han existido en los centros, pero quizás en estos momentos y desde unos años han tomando un cariz preocupante, aunque en absoluto generalizable. Además, esta situación, se ha visto agravada por la estructura del mercado laboral, previo a la crisis económica. La masiva oferta de puestos de trabajo eventuales para trabajadores sin cualificar y, por tanto, para los que el esfuerzo en formación era innecesario han llevado a una cultura del dinero rápido para cubrir necesidades de ocio inmediato. Así, una parte excesiva del alumnado ha salido del Sistema Educativo a la primera oportunidad o se ha mantenido en él generando situaciones conflictivas de mayor o menor magnitud.
Por todo ello, es responsabilidad de las Administraciones públicas determinar el marco legal (Reglamento Orgánico de Centro, Decretos de Convivencia, Normativas sobre Derechos y Deberes de los alumnos) en el que se inscriban planes de convivencia. Y hasta este momento ha existido por una parte “dejación” de funciones de la administración educativa madrileña que ha llevado a los profesionales de los centros educativos a enfrentarse sin medios a los conflictos de convivencia (y en algunos casos de violencia escolar) con las consecuencias que todos conocemos; y por otra, un intento de solucionar los problemas a golpe de ley o decreto cuando los medios de comunicación se hacen eco de actos vandálicos aislados protagonizados por jóvenes, aunque estos nada tengan que ver con los centros educativos (a nadie se le escapa que este anuncio de Esperanza Aguirre aprovecha los disturbios del botellón de Pozuelo).
Entendemos que el tratamiento de la convivencia presenta una doble lectura: como valor intrínseco para disminuir los conflictos, de forma que se optimice la actividad de enseñanza-aprendizaje y como valor extrínseco en cuanto “bien exportable” a la sociedad. Y por ello un tratamiento adecuado en esta materia y las estrategias de actuación deberían presentar también una doble vertiente, por un lado el trabajo preventivo que, a la larga, rendirá los mejores resultados, y que irá encaminado a aprender a convivir; y por otro, la inevitable intervención sobre el conflicto concreto que haya podido surgir.
Eso sí, teniendo en cuenta que estamos absolutamente en contra de las afirmaciones que han aparecido en algunos medios en los que se culpa al sistema educativo de circunstancias como las de los altercados de Pozuelo.
Tanto la F.A.P.A. “Giner de los Ríos” como los sindicatos CCOO y UGT queremos reiterar en este momento nuestras propuestas para la mejora de la convivencia en los centros escolares de la Comunidad de Madrid, que se materializaron en la presentación el 15 de marzo de 2007 de una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Integral para la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid (con el respaldo de más de 75.000 firmas) que fue ignorada por el gobierno de Esperanza Aguirre.
LEER MÁS:
http://www.fapaginerdelosrios.org/documentacion/doc_autoridad_publica_profesorado_18-9-09.pdf
LEER TAMBIÉN:
ANTEPROYECTO DE LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR
VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, CCOO, UGT,
Dª. ANA ROSARIO DE SANDE GUILLÉN Y D. ALARICO RUBIO TELLO
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