La plataforma estatal por la defensa del 0-6 años nace con el objetivo
de reivindicar el derecho de los niños y niñas a una plaza escolar
educativa pública y de calidad.
La calidad es un concepto manido hoy en día, y es necesario matizarlo para evitar ambigüedades que atenten contra la dignidad de los derechos de los niños y niñas.
Para nosotros y nosotras calidad significa la exigencia de:
1. La desaparición de los centros no educativos de forma inmediata.
Las guarderías asistenciales, fundamentalmente privadas, suponen un
atentado contra la dignidad de la infancia.
Todavía hoy, en todas las comunidades abundan los aparcamientos o chiringuitos que, con
distintas nomenclaturas, invaden y crean una intromisión perniciosa contra el derecho a la educación de los niños y niñas.
Es precisa una regulación estatal de mínimos de todos los centros que acogen a niños
y niñas de estas edades y de su currículum.
2. El control de que todo el personal que trabaja con los niños y
niñas esté adecuadamente titulado y formado.
3. Que las Políticas Públicas de Primera Infancia tengan en el
horizonte los “40 Objetivos de calidad” elaborados por la Red de
Atención a la Infancia de la Comisión Europea y que, hasta el momento,
es el documento que mejor ha analizado las características de todos
los países respecto a este tema.
Esto supone, por ejemplo, el respeto
de las siguientes ratios (número de niños y niñas por profesional
educativo): 4 niños/as por profesional en 0-1; 6 en 1-2; 8 en 2-3; y
15 en 3-6 años. Números que, como vemos, están muy alejados de las
vejatorias ratios de la realidad española que, en la mayoría de los
casos, duplican estos guarismos.
4. Un suficiente número de metros y de espacios diferenciados para
comer, con cocina propia, para dormir, jugar, para el aseo-baño, para
poder salir diariamente, dentro del recinto del centro, a tomar el
aire, el sol…
Estamos en contra de la mala escolarización en pisos, bajeras, sótanos, etc. porque no aseguran las condiciones de bienestar ni, mucho menos, las oportunidades saludables para un crecimiento sano.
5. El reconocimiento de unas condiciones laborales y salariales dignas
del personal que trabaja en las Escuelas Infantiles y Colegios. No es
de recibo que haya educadoras con sueldos de 600 euros por 40 horas de
trabajo semanales.
Estas realidades crean un constante cambio de personas que incide –de forma directa- en el trabajo de los equipos, en la consecución del proyecto educativo y en la calidad y
continuidad de los vínculos afectivos que se hacen con los niños y
niñas.
6. Que los currículos de esta etapa educativa respondan realmente a
las características y cultura de estas edades en lugar de plantearse
exclusivamente como preparatorios de otras.
7. Que las familias tengan la oportunidad real de intervenir y
colaborar –a través de vías democráticas de participación y de
gestión- en las decisiones de la vida cotidiana de los centros
educativos.
La conciliación de las necesidades y derechos personales, parentales y
sociales, no puede ser cubierta en exclusiva por la educación
infantil.
Deben arbitrarse todo un conjunto de medidas amplias,
incentivadas desde diferentes áreas ministeriales y respetadas por las
empresas, que den la posibilidad a las mujeres y a los hombres con
hijos pequeños, de armonizar su vida profesional con la familiar.
Políticas sociales que en otros países, se han demostrado eficaces
para equilibrar la igualdad de oportunidades de las mujeres, su mayor
acceso al empleo y han respetado el derecho a la educación de los
niños y niñas.
Estas políticas sociales son las que aseguran mayor
equidad, mayor éxito escolar y mayor responsabilidad civil y
democrática.
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