Las federaciones regionales de Enseñanza de UGT y Comisiones Obreras y la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” consideran que siempre es positivo reforzar la autoridad del profesorado, a través del reconocimiento social de su prestigio profesional en el ejercicio de su labor, pero es muy diferente hablar del concepto de autoridad pública.
En la práctica, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales pues la Fiscalía General del Estado ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la Enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad por lo que actualmente el funcionario docente está protegido por la normativa vigente contra toda actuación que se pueda dar, dentro del ámbito penal, como consecuencia de su actividad profesional dentro de las funciones que tiene encomendadas.
Y en segundo lugar porque tenemos la certeza de que tal iniciativa, como cualquier otra que se adopte de las mismas características, resultará inútil si no va acompañada de medidas educativas, tanto preventivas como correctoras, que actúen para solucionar los conflictos que puedan dificultar la convivencia en los centros y, en los casos extremos, contra la violencia que, por diferentes causas, se llegue a producir en los mismos.
Ha quedado demostrado que las medidas que tienen solamente carácter corrector y punitivo no solucionan las dificultades que se producen en las aulas y lo demuestra el fracaso que ha tenido el Decreto de Convivencia en los centros que impuso hace dos años la Comunidad de Madrid de forma unilateral y sin tener en cuenta las aportaciones de la Comunidad Educativa.
Este decreto no daba respuesta adecuada ni a las nuevas circunstancias sociales, ni a la realidad de la vida escolar, pues contiene simplemente un régimen disciplinario, que pretendía reforzar ya la autoridad del profesorado sin resultado alguno.
Estamos convencidos de que este nuevo anuncio de la presidenta regional, en la misma línea carente de imaginación, no va a obtener mejores resultados; es decir, más de lo mismo: propaganda sin contenido real.
Actualmente, en nuestras escuelas estamos viviendo vertiginosos cambios sociales: en los valores tradicionales, en el concepto de disciplina y autoridad, un aumento significativo de estudiantes sobreprotegidos con escasa resistencia a la frustración, transvase de responsabilidades educativas de una parte importante de las familias a la escuela, y multiculturalidad.
Estos cambios han contribuido al incremento de los problemas de convivencia, que, por otra parte, siempre han existido en los centros, pero quizás en estos momentos y desde unos años han tomando un cariz preocupante, aunque en absoluto generalizable.
Además, esta situación, se ha visto agravada por la estructura del mercado laboral, previo a la crisis económica.
La masiva oferta de puestos de trabajo eventuales para trabajadores sin cualificar y, por tanto, para los que el esfuerzo en formación era innecesario han llevado a una cultura del dinero rápido para cubrir necesidades de ocio inmediato.
Así, una parte excesiva del alumnado ha salido del Sistema Educativo a la primera oportunidad o se ha mantenido en él generando situaciones conflictivas de mayor o menor magnitud.
Por todo ello, es responsabilidad de las Administraciones públicas determinar el marco legal (Reglamento Orgánico de Centro, Decretos de Convivencia, Normativas sobre Derechos y Deberes de los alumnos) en el que se inscriban planes de convivencia.
Y hasta este momento ha existido por una parte “dejación” de funciones de la administración educativa madrileña que ha llevado a los profesionales de los centros educativos a enfrentarse sin medios a los conflictos de convivencia (y en algunos casos de violencia escolar) con las consecuencias que todos conocemos; y por otra, un intento de solucionar los problemas a golpe de ley o decreto cuando los medios de comunicación se hacen eco de actos vandálicos aislados protagonizados por jóvenes, aunque estos nada tengan que ver con los centros educativos (a nadie se le escapa que este anuncio de Esperanza Aguirre aprovecha los disturbios del botellón de Pozuelo).
Entendemos que el tratamiento de la convivencia presenta una doble lectura: como valor intrínseco para disminuir los conflictos, de forma que se optimice la actividad de enseñanza-aprendizaje y como valor extrínseco en cuanto “bien exportable” a la sociedad.
Y por ello un tratamiento adecuado en esta materia y las estrategias de actuación deberían presentar también una doble vertiente, por un lado el trabajo preventivo que, a la larga, rendirá los mejores resultados, y que irá encaminado a aprender a convivir; y por otro, la inevitable intervención sobre el conflicto concreto que haya podido surgir.
Eso sí, teniendo en cuenta que estamos absolutamente en contra de las afirmaciones que han aparecido en algunos medios en los que se culpa al sistema educativo de circunstancias como las de los altercados de Pozuelo.Tanto la F.A.P.A. “Giner de los Ríos” como los sindicatos CCOO y UGT queremos reiterar en este momento nuestras propuestas para la mejora de la convivencia en los centros escolares de la Comunidad de Madrid, que se materializaron en la presentación el 15 de marzo de 2007 de una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Integral para la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid (con el respaldo de más de 75.000 firmas) que fue ignorada por el gobierno de Esperanza Aguirre.
La propia Mesa de la Asamblea, después de haber sido publicada en el BOCM, con mayoría del PP, rechazó su debate. Como dos únicos argumentos, la aprobación del Decreto 15/2007, de cuyo contenido hemos hablado arriba, y lo más triste de todo: razones presupuestarias.
Y es que la propia Comunidad de Madrid reconoce que no quiere invertir en Educación.
Ambas razones fueron simplemente un nuevo intento de confundir a los ciudadanos, de retorcer la realidad, y de hurtar el debate a nuestros representantes en la Asamblea de Madrid sobre la convivencia en la escuela y las medidas para mejorarla,
.
El Decreto de Convivencia 15/2007, vigente hoy día en la Comunidad, no es más que un régimen disciplinario pues, aparte de una confusa mención a un Plan de Convivencia cuya previsión económica es inexistente, se limita a tipificar faltas y a definir sus sanciones. Pretende, por otra parte, dar autoridad al profesor sobre la base de incrementar su capacidad sancionadora, al tiempo que crea una situación de excepcionalidad jurídica para los alumnos al establecer en algunas faltas ¡la innecesaridad del esclarecimiento de los hechos!En este decreto de la Comunidad de Madrid se define un marco regulador de la convivencia donde no se relacionan los derechos de los alumnos y está impregnado de una terminología más propia del “nacionalcatolicismo” de los años 40 que de los planteamientos pedagógicos del siglo XXI y no establece ningún vínculo entre convivencia, calidad del Sistema Educativo y éxito escolar del alumnado.
.
Del mismo modo que no incluye medidas de carácter preventivo, para fomentar un clima de convivencia en los centros, no contiene mecanismos para el análisis de las causas de los problemas de convivencia, ni tampoco soluciones para los mismos.
.
Por mucho que el Gobierno de Madrid se empeñara hace dos años en repetir que “el vacío” legal no existía, éste ni ha dejado ni dejará de existir si no se producen cambios en la legislación educativa madrileña, que vayan más allá de otorgar a los docentes el rango de autoridad pública o reafirmarlos en ella.
.
La ILP presentada por CCOO, la FAPA y UGT era, y sigue siendo, una propuesta para llenar ese “vacío”.Incide con medidas concretas en aquellos problemas públicos y notorios para todo el profesorado y la sociedad madrileña y pretende desarrollar medidas tanto preventivas como correctoras que favorezcan la mejora de la convivencia en los centros de enseñanza.
.
Por este motivo, entre los principios rectores de su articulado destacan la sensibilización ciudadana, la protección a las víctimas de la violencia escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, la formación especializada, la coordinación de medios y recursos de las distintas administraciones y la tutela institucional. Y entre las medidas que se proponen destacamos:
.
1. Desarrollo en la Comunidad de Madrid de un Decreto que garantice la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades de apoyo educativo, cuyo objetivo será conseguir que, entre todos los centros financiados con fondos públicos de una zona, no existan diferencias superiores a un 10 % en la escolarización de este alumnado.
,
2. Disminución de la ratio máxima en Educación Infantil a 20 alumnos/aula.
-
3. Vincular la ratio alumno/aula al porcentaje de alumnado con necesidades de apoyo, cuyo efecto será el descenso de la misma a medida que el porcentaje de este alumnado sea mayor. Con más de un 40 % la ratio deberá ser la mitad de la establecida en general para el nivel correspondiente.
Esta reducción será, además, independiente de la aplicable a la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, ACNEE
.
.4. Autonomía organizativa de los centros y dotación presupuestaria: económica, material y humana, de la Administración a los mismos para hacerla efectiva.
.
5. Dotación de los centros con un Plan de Convivencia (con los recursos necesarios), aprobado por el Consejo Escolar y desarrollado a través del Plan Tutorial, enmarcado dentro de unas directrices básicas comunes diseñadas por la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid.
.
6. Dotación de recursos humanos a los centros y a las zonas:
.
a. Ampliar las plantillas y la red de equipos de orientación,
EOEPs, y atención temprana, EATs, y dotación a los centros de profesores
de servicios técnicos a la comunidad en las zonas
donde exista una alta tasa de alumnado con riesgo de exclusión social.
b. Elevar la dotación de orientadores en las zonas con más de un 10 % de alumnado
con necesidades de apoyo hasta una ratio de un orientador por centro.
c. Incluir nuevos profesionales en el ámbito de los centros:
educadores, asistentes sociales, etc.,
y coordinación con los servicios municipales y sanitarios.
.
7. Creación de Observatorio Regional de la Convivencia Escolar, cuyo fin sería el estudio y detección de los problemas, así como la propuesta de soluciones.
.
8. Asistencia letrada gratuita para todo el personal de los centros que sea víctima de conflictos escolares.
.
Evidentemente, el Decreto 15/2007 no aborda uno solo de estos problemas, por tanto una nueva Ley de Convivencia sigue siendo necesaria y oportuna.
.
Por otra parte, esta Ley no excluye una normativa reguladora de los derechos y deberes de los alumnos, sino que debería ser un complemento más de la misma.
Evidentemente, para las federaciones regionales de Enseñanza de UGT y CCOO, y para la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”, el Decreto 15/2007, que fue impuesto por el Gobierno del PP sin negociación previa con los agentes sociales representativos, no es el marco adecuado y ha sido un fracaso absoluto.
Si el discurso de querer mejorar la convivencia en los centros educativos y de solucionar los problemas del Sistema Educativo es cierto y sincero, la Consejería encontrará en nuestras organizaciones, como siempre, la disposición para buscar soluciones consensuadas a los problemas existentes, y debería poner de su parte la voluntad de reunirse con las organizaciones representativas de la Comunidad Educativa y de trabajar de forma conjunta para lograrlas.
.
.
