El Gobierno ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que prohíbe la venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que se establecerán reglamentariamente. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha resaltado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, por primera vez, se introducen en una ley española aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación así como "la prohibición de discriminación por obesidad".
Jiménez ha dicho que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso. La obesidad es la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.
La norma establece la retirada de los colegios de bollería, chucherías, snacks y refrescos dado que, entre los menores, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso.
La titular de Sanidad ha precisado que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional supone el 7% del gasto del Sistema Nacional de Salud, unos 2.500 millones de euros.
La nueva ley, impulsada también por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre los mismos así como directrices para que la cena sea complementaria. En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.
La normativa prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos dirigida a la población de menos de 15 años, como el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante acuerdos con anunciantes y medios de comunicación.
En cuanto a la industria alimentaria, la normativa establece la obligación de que utilicen tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de las grasas trans (saturadas) en los productos.
La iniciativa, cuyo anteproyecto se presentó en octubre de 2009, da cumplimiento a un compromiso incluido en los objetivos de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012; pone fin a la "dispersión" de la normativa actual y ha contado con un "gran consenso" en su elaboración, ha asegurado la ministra.
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