La cantidad en Educación Infantil es sensiblemente inferior a la del año pasado, que fue de 65 euros, y se mantiene sin cambios tanto para Primaria como para Secundaria al no actualizar ni tan siquiera el aumento del IPC interanual, según puede observarse en el cuadro siguiente.
Estas ayudas seguirán alcanzando este curso escolar a menos del 30% de la población escolar madrileña no universitaria y excluyendo a más de la mitad de los peticionarios.
Además, al igual que ocurriera ya el año pasado con las familias cuyos hijos estaban escolarizados en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, este año no podrán optar a la ayuda las familias cuyos hijos estén escolarizados tanto en el primer curso como en el segundo, por lo que la
reducción en esta ocasión es del 100% para todas ellas y, por tanto, se confirma el anuncio que hicimos el año pasado de que se iniciaba un proceso por el que las ayudas dejarían de darse progresivamente a toda la Educación Infantil de segundo ciclo.
Sólo falta que en el curso 2011-12 se eliminen las exiguas ayudas que quedan para el tercer curso, tan sólo ya de 40 euros como hemos recordado.
Del cuadro anterior se desprende que todas las familias vuelven a ver descender las ayudas con relación al coste de los libros de texto, es decir, tendrán que aportar una cantidad aún mayor de sus propios fondos en el próximo curso, lo que, además de seguir incumpliendo el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza, sigue caminando en sentido opuesto a lograr dicha gratuidad.
En la solicitud de esta ayuda la familia ha de consignar la causa de su petición:
ser beneficiario de las ayudas directas que daba anteriormente el MEC, ser
víctima del terrorismo, pertenecer a una familia numerosa, o acogerse a un
bloque genérico que sufre baremación por renta, cuyo umbral se ha situado
para el curso 2010-11 en 6.951,72 euros, que vuelve a suponer un incremento
con relación al curso pasado, donde quedó situado en 6.393,17 euros.
El número de beneficiarios del grupo de renta se fija para completar la partida presupuestaria destinada a estas ayudas que, incluyendo la partida que transfiere el MEC, será este año de 30 millones de euros, cantidad que desciende en 800.000 euros con relación a la destinada para el curso pasado.
Dado que todas las familias gozan de la misma ayuda en cada etapa educativa, con independencia del grupo al que pertenezcan, esto supone que este año el aumento del umbral se ha realizado a costa de las familias que se han quedado sin ayuda para el segundo curso y de las que recibirán mucho menos esta vez para el tercer curso, ya que las familias numerosas y las que son víctimas del
terrorismo no han sufrido variación significativa y los antiguos beneficiarios directos del MEC son un grupo en descenso y a extinguir.
Debemos recordar que sólo las familias que pertenecen al grupo general están
sujetas al baremo por renta, lo que, comparado con la ausencia de baremo por
renta en las familias numerosas, supone un agravio comparativo y una
situación de desigualdad social. Además, este escenario supone que existen
ayudas para familias que escolarizan a sus hijos e hijas en los centros privados
que no gozan de concierto, lo que, cuando menos, es una injusticia social y un
desvío de fondos públicos para financiar indirectamente a la iniciativa privada,
ya que estas familias asumen altos costes privados en educación de forma
voluntaria y no es razonable que se beneficien de fondos públicos para rebajar
esos costes, reiteramos, libremente asumidos y posibles debido a que su renta
familiar se lo permite, por lo que estas ayudas deberían ser eliminadas y el
grupo de familias numerosas estar sujetas también al baremo por renta.
El pago de las ayudas se hará efectivo, por segunda vez, mediante la entrega de tarjetas electrónicas, utilizables en librerías y establecimientos autorizados.
Las tarjetas se entregan a los interesados en los centros docentes y este año existirá una tarjeta por cada alumno/a, lo que supone un incremento sustancial e injustificado del número de tarjetas y con ello mayores costes de gestión del programa de los necesarios para beneficio exclusivo de quienes proveen y gestionan dichas tarjetas.
La FAPA considera que la publicación a mediados del mes de agosto de la resolución definitiva causará que en los primeros diez días del mes de septiembre, donde se concentrará la presentación de recursos por parte de las familias, se produzca una afluencia importante en los centros educativos para
la información de cara a la tramitación de dichos recursos.
La FAPA asesorará a las APAS, aunque la mayoría no habrán iniciado aún sus actividades, para
que puedan informar a los padres y las madres para la presentación de los mismos ante la Consejería de Educación o el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. No obstante, los centros educativos se encontrarán de nuevo con este
trabajo añadido que dificultará dedicar el máximo de tiempo a las tareas
necesarias previas al inicio del curso escolar, lo que podría evitarse con las
medidas adecuadas, como por ejemplo atendiendo la reivindicación sobre la
necesaria dotación de auxiliares administrativos en los centros de Educación
Primaria y el incremento del mismo en los pocos que lo tienen y en los de
Educación Secundaria.
Esta federación estima necesario que las tarjetas electrónicas estén siempre en
adelanto de las ayudas por parte de las familias, además de reducir las
posibilidades de que el alumnado no tenga el material necesario para empezar
el curso con normalidad.
económica y laboral actual, por el alto número de familias que por diversas
causas no hayan sido beneficiarias de las becas para la adquisición de estos
materiales y que no dispongan de recursos económicos para su compra, o de
aquellas que sólo adquieran los libros que puedan hasta llegar al importe
máximo de la tarjeta al no tener medios económicos para obtener el resto.
La Federación de APAS Francisco Giner de los Ríos continúa demandando al
Gobierno regional que cumpla de forma estricta la Constitución Española, la
cual establece que la enseñanza básica debe ser gratuita, y esta gratuidad
debe incluir los libros de texto y el material curricular al ser imprescindibles para
desarrollar este derecho. Por tanto, esta federación considera inadecuado el
sistema actual así como del todo insuficiente, pues no garantiza en absoluto la
gratuidad y su importe no alcanza, ni de lejos, para cubrir los gastos de la
compra de libros de texto y demás materiales escolares, alcanzando, en el
mejor de los casos, el 30 ó 40% del importe necesario para ello.
Eso sí, se debe resaltar que existen unos pocos municipios de la Comunidad de Madrid donde la gratuidad de los libros de texto es real debido a que desde sus Ayuntamientos se destinan fondos para ampliar los aportados por la Consejería de Educación.
