LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” denuncia la decisión de la Consejería de Educación contraria a la petición de la Comunidad Educativa del CEIP Palacio Valdés porque provoca un agravio comparativo motivado por tener el 96% de alumnado de origen extranjero y por ser un centro educativo público.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la Consejería de Educación ha tomado una decisión política lamentable al no atender las peticiones absolutamente justas de la Comunidad Educativa del Colegio Público Palacio Valdés de Madrid. Estas radican en que las obras, que llevan esperando varios años, no se empiecen a tres meses de finalizar el curso escolar, sino que se realicen en el período de verano, o que si deben empezar de forma inmediata, no se obligue al alumnado del centro a trasladarse en autobuses dos horas diarias, perder una hora de comedor, se les cambie el horario lectivo que tienen actualmente y se vean sometidos a la pérdida de las actividades extraescolares, entre otras cosas.
El alumnado del Colegio Público Palacio Valdés tenía que haber sido trasladado diariamente al Colegio Público Miguel Hernández mientras que se realizaban las obras en el suyo, pero el suceso del Colegio Sagrado Corazón alteró todos los planes. Mientras que recordamos como el alumnado de este último centro tuvo una solución inmediata: negociada con sus familias, con rápidas obras de mejora y crédito extraordinario de 500.000 euros incluido; el alumnado del Colegio Público Palacio Valdés vive una situación muy diferente. Estos se encuentran con una imposición de la Consejería, se verán sometidos a muchos inconvenientes diarios, sus familias no han sido informadas en tiempo y forma de las decisiones tomadas, y sus peticiones se topan con una decisión irreversible e innegociable.
Es decir, frente a negociación en el caso de la escuela privada concertada, imposición en la Escuela Pública.
Opciones alternativas hay para satisfacerles, pero la Consejería no quiere y tendrá que explicar muy bien el porqué. Aparentemente, un alumnado de origen extranjero que estudia en un Colegio Público no tiene los mismos derechos que un alumnado de origen autóctono que estudia en un centro privado concertado religioso. ¡Que mal suena esta forma de actuar! Nos encontramos ante otra decisión más de la Consejería de Educación éticamente reprobable, políticamente indefendible y socialmente inaceptable.
