7 jul. 2010

Las instrucciones que se dieron desde el servicio de Inspección educativa, principalmente en la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte, podrian se ilegales a juicio de la Fapa

Nota de Prensa


LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” considera inaceptable la agresión a sus derechos que una parte del alumnado de necesidades educativas especiales ha recibido en su proceso de evaluación por las instrucciones dadas desde el servicio de Inspección educativa.


La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que las instrucciones que se dieron desde el servicio de Inspección educativa, principalmente en la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte, a los directores de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y a los Equipos de Orientación, podrían ser ilegales a juicio de la FAPA y, lo que es aún peor, son absolutamente injustas y vejatorias con un alumnado que debería ser tratado con cariño y esmero, tal y como la legislación actual no sólo estipula, sino que obliga.

Dichas instrucciones establecen que el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá ser suspendido, con independencia de la evaluación que hayan realizado sus docentes y del progreso que hayan conseguido con sus adaptaciones respectivas, lo que es un despropósito y va en contra de la atención a la diversidad que establece la Ley Orgánica de Educación. Es más, las instrucciones establecen también “supuestamente” mecanismos para engañar a las familias, pues se les dará la información de lo que ha ocurrido con su adaptación curricular, pero en el documento oficial aparecerá como suspendido. Pero todavía hay más, se dice que a la familia ese documento se le puede ocultar, pues no tiene por qué saberlo. Algo absolutamente incalificable, o mejor dicho, calificable, pero no lo haremos en este momento, pues quizás deban ser otras instancias quienes deban hacerlo.

La FAPA se va a dirigir por escrito a la Consejería de Educación, a los Servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid, a la Alta Inspección, al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, al Defensor del Pueblo, a la Asamblea de Madrid, al Ministerio de Educación, a cuantos organismos estime oportunos y, si encuentra base suficiente para iniciar actuaciones ante los tribunales, que nadie dude que lo hará, pues se está jugando con un alumnado muy sensible e indefenso y ya está bien.

2 de julio de 2010

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